Líderes piden al Ayuntamiento que retire la financiación de los lectores automatizados de matrículas para invertir en las comunidades y restablecer la confianza a través del proceso presupuestario

Líderes piden al Ayuntamiento que retire la financiación de los lectores automatizados de matrículas para invertir en las comunidades y restablecer la confianza a través del proceso presupuestario

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San Diego, CA –5 de junio de 2025– Los líderes de la comunidad de San Diego no quieren la draconiana tecnología de vigilancia de la ubicación de Trump. No confiamos en ICE con estos datos. Hacemos un llamado a nuestros funcionarios electos para que protejan a todas nuestras comunidades de la extralimitación federal. Los líderes y organizaciones laborales, inmigrantes, negros y LGBTQ piden al Ayuntamiento que retire la financiación del lector automatizado de matrículas (ALPR) financiado por Flock e invierta en programas comunitarios.

El viernes pasado, agentes de HSI invadieron South Park con equipo táctico completo para atacar a los trabajadores y atacar a los miembros de la comunidad local que se presentaron para proteger a sus vecinos inmigrantes. Las agencias federales como ICE, HSI y CBP dependen de los datos de vigilancia recopilados de los sistemas ALPR en todo el país. La Administración Trump se ha vuelto deshonesta, subvirtiendo las leyes, el debido proceso y la moralidad. Los líderes de la ciudad han condenado enérgicamente estas redadas contra inmigrantes. Hacemos un llamado a estos mismos líderes para que retiren la financiación de las cámaras ALPR que comparten datos con agencias de fuera del estado.

Declaraciones de líderes locales

"ALPR fomenta el fascismo de Trump y perjudica a los trabajadores. El Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial, que representa a más de doscientos mil trabajadores y 130 sindicatos, también ha pedido al Ayuntamiento que apague y retire los sistemas Flock ALPR y se asegure de que se eliminen todos los datos." Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial, AFL-CIO

"Nos preocupa profundamente que las agencias federales de inmigración puedan acceder y utilizar los datos de ALPR para deportar a miembros de la comunidad inmigrante. El Ayuntamiento tiene la obligación moral de retirar la financiación de los ALPR y, en cambio, destinarla a recursos que protejan y den la bienvenida a los inmigrantes, incluida la Oficina de Asuntos de Inmigrantes.” Erin Tsurumoto Grassi, Directora Asociada, Alliance San Diego

“Al priorizar la vigilancia y la tecnología ALPR sobre las prioridades de la comunidad, como los parques y las bibliotecas, nuestro consejo no solo está comprometiendo el tiempo de la biblioteca y la seguridad de los patios de recreo para los niños de San Diego, sino que también está poniendo directamente a nuestras familias en peligro y en la mira de ICE, que está aprovechando esta tecnología para promover la agenda de Trump.” Homayra Yusufi, Estratega Senior de Políticas, Partnership for the Advancement of New Americans

“ALPR no está regulado y es alarmante. ALPR amenaza la seguridad de la comunidad y nuestra democracia. Que la ciudad de San Diego financie ALPR es ser cómplice del autoritarismo y viola nuestras libertades constitucionales. ALPR no promueve la seguridad de la comunidad y, dados los desafíos presupuestarios actuales, el Ayuntamiento debe suspender la financiación de ALPR y dedicar esos recursos a los servicios que ayudan a nuestros niños y familias a prosperar, como los parques y las bibliotecas.” Diana Ross, Directora Ejecutiva, Mid-City CAN

“La ciudad de San Diego planea seguir gastando millones en lectores automatizados de matrículas (ALPR). Al igual que otros sistemas de vigilancia masiva, ALPR nos hace menos seguros porque la policía puede utilizarlos indebidamente para violar nuestro derecho a la privacidad y otros derechos civiles, a menudo apuntando a comunidades negras, morenas, inmigrantes y de clase trabajadora. En lugar de seguir utilizando nuestros limitados recursos en este programa dañino y costoso, la ciudad debería destinar el dinero a las cosas que apoyan a las comunidades sanas, prósperas y seguras, cosas como parques, bibliotecas y servicios de red de seguridad que nos ayudan a cuidarnos unos a otros.” Kyra Greene, Directora Ejecutiva del Center on Policy Initiatives

“La Asociación de Profesores de la UC San Diego está en contra de ALPR porque, mientras la agenda fascista de Trump ataca a las universidades, el libre pensamiento y los estudiantes internacionales, ALPR aterroriza a nuestra comunidad”. Asociación de Profesores de la UC San Diego-Asociación Americana de Profesores Universitarios (SDFA-AAUP)

“La red de infraestructura de vigilancia implementada en todo San Diego, en contra de las recomendaciones de la Junta Asesora de Privacidad, pone a todos en riesgo de extralimitación federal por parte de la administración Trump y sus políticas antiinmigrantes. Hacemos un llamado al Ayuntamiento para que proteja a sus electores retirando los fondos del sistema ALPR actual”. Khalid Alexander, Presidente de Pillars of the Community

Contacto:
info@panasd.org | (619) 363-6939

Acerca de la Coalición TRUST
En 2019, la Coalición de Uso Transparente y Responsable de la Tecnología de Vigilancia de San Diego (TRUST SD) se formó con más de 30 organizaciones comunitarias participantes para defender a las poblaciones históricamente marginadas afectadas por el exceso de vigilancia policial y las tecnologías de vigilancia. TRUST SD ha ganado un impulso significativo al amplificar las preocupaciones apremiantes en torno a la privacidad, la rendición de cuentas de la vigilancia y la influencia abrumadora de los fondos de la ciudad y federales en proyectos impulsados por Big Tech a expensas de las iniciativas dirigidas por la comunidad. En 2023, TRUST SD movilizó con éxito los esfuerzos para retirar la financiación de Shotspotter, cerrar miles de farolas, una plataforma de vigilancia de audio invasiva, y desempeñó un papel fundamental en la defensa de la Ordenanza de Supervisión de la Vigilancia (Ordenanza TRUST) en San Diego. Esta iniciativa innovadora también condujo al establecimiento de la Junta Asesora de Privacidad (PAB), lo que marca una victoria significativa para la privacidad y la supervisión.

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